El gobierno de Brasil presentó este martes una solicitud ante un tribunal federal del estado de Minas Gerais pidiendo que Vale, BHP y su empresa conjunta Samarco paguen 79.600 millones de reales (15.730 millones de dólares) por la rotura de la presa de relaves situada en Mariana ocurrida en 2015 en un plazo de 15 días.
El colapso de la presa de la mina de hierro de Samarco, cerca de la ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, provocó un enorme flujo de lodo y residuos mineros que sepultó un pueblo cercano, mató a 19 personas y dejó a cientos sin hogar.
Según recoge Mining, la Abogacía General del Estado (AGU) explica que, si no se paga la cantidad dentro do prazo, solicitará a los tribunales que bloqueen los activos de las empresas.
La AGU sostiene que estas medidas son necesarias porque, casi nueve años después de lo que se considera el mayor desastre medioambiental de la historia de la minería brasileña, las empresas «aún no han rendido cuentas como es debido y siguen tratando la reparación de la tragedia como un caso más de indemnización».
La AGU declaró además que la postura de las empresas mineras es «inaceptable» dadas las muertes en el desastre y la devastación de la cuenca del Río Doce.
La semana pasada, el gobierno brasileño y el Estado de Espírito Santo rechazaron una nueva propuesta de indemnización presentada el viernes por Samarco, Vale y BHP.
De acuerdo con la Procuraduría General de Brasil, la oferta de las mineras «no representaba un avance en comparación con la propuesta anterior, presentada y discutida en diciembre de 2023».
Las mineras ofrecieron pagar un total de 127.000 millones de reales (25.000 millones de dólares) como reparación por el derrumbe de la presa, incluidos 37.000 millones de reales ya desembolsados. El gobierno brasileño y los estados afectados solicitaron un total de 155.000 millones de reales (30.600 millones de dólares).
Las autoridades afirman que la nueva propuesta contiene «condiciones inaceptables» que ignoran lo que «ya se había debatido y acordado exhaustivamente» desde el inicio de las negociaciones.
En efecto, las autoridades brasileñas consideran que la nueva oferta prevé una retirada de residuos mineros del Río Doce muy inferior a lo que ya se había negociado.
