El gobierno de México ha prohibido las pruebas operativas de centrales eléctricas renovables, lo que en la práctica significa que bloquea su operación y despacho, con esta decisión tomada a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) organismo que opera el sistema eléctrico del país, el gobierno pasa por encima de las competencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Esta decisión afecta a 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18 estados del país y ha sido considerada como un atentado contra el estado de derecho y la confianza. “Echando por tierra una capacidad de generación renovable de 28 proyectos por más de 4,500 MW y una inversión de más de 6,000 millones de dólares,” según reflejas los datos del portal www.elconomista.com.mx.
Algunos especialistas señalan que ese argumento es sólo una excusa del gobierno para defender su posición que apoya incondicionalmente las energías fósiles, a pesar de haber utilizado como excusa para tomar la medida la contingencia sanitaria que se esta viviendo en la actualidad a nivel mundial.
La decisión terminaría por afectar a 44 proyectos de generación de energía limpia en México
En el portal de Forbes México al hacer referencia a la información citaron a Roxana Muñoz analista de infraestructura de Moody’s calificadora de riesgo, quien aseguró que, “el tema principal es que el acuerdo no tiene una fecha definida de hasta cuándo se van a suspender las pruebas”. Hizo referencia además la analista que este tipo de medidas tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hace es generar gran incertidumbre en las inversiones privadas, al cambiar las reglas del juego.
Desde el 27 de abril las pruebas operativas de plantas de generación eléctrica solares y eólicas quedaron paralizadas, las cuales aportaban entre un 6 y 7% de la generación total de energía a diferencia de otros países donde alcanza hasta un 30% como es el caso de Italia, Dinamarca, Alemania, algunas provincias chinas, entre otros, donde no afecta la estabilidad del sistema eléctrico.
Esta decisión no sólo afecta los cambios en pro del ambiente y el romper compromisos como el Acuerdo de París, tiene consecuencias que van más allá especialmente en términos de salud pública, por ser la mayor fuente de partículas contaminantes PM2.5, causante en la mayoría de los casos de las patologías cerebro-vasculares, respiratorias, cardiovasculares, entre otras.
Mientras tanto otros se inclinan por pensar que la medida obedece a dos razones: la primera de ellas los bajos costos operativos, con un costo marginal cero, de las centrales eléctricas renovables (solares y eólicas) dejando de lado por ende a las centrales de CFE de combustibles fósiles, lo que dejaría de lado a estas últimas al generarse como ha ocurrido una caída en la demanda eléctrica.
Por otra parte, el exceso generado en la oferta de combustible proveniente de las refinerías de Pemex, es otra de las razones que da pie a la decisión con la cual se busca no sólo ubicarlo en el mercado que ya no lo esta solicitando, sino que además esperan refinar más. En definitiva, las consecuencias no se harán esperar afectando a la economía nacional, especialmente al sector privado nacional e internacional, lo que incluso podría generar una estampida de la inversión privada en el país acompañada de una serie de problemas legales.
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