La industria petrolera y los grupos defensores de los biocarburantes están haciendo campaña contra la nueva normativa que pretende sustituir la mayoría de los coches y camiones nuevos de gasolina por vehículos eléctricos alimentados por baterías.
Esta normativa, propuesta por el Gobierno del Presidente Joe Biden el 12 de abril, establece normas cada vez más estrictas para las emisiones de gases de escape de automóviles, camiones y vehículos comerciales de gran tamaño a partir del modelo del año 2027.
Estas normas podrían suponer un gran cambio. Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), acelerarán las ventas de vehículos eléctricos de batería, de modo que en 2032 representarán el 67% de las ventas de coches y camiones ligeros, y el 46% de las ventas de furgonetas y vehículos comerciales de tamaño medio.
En 2022, los vehículos eléctricos de batería y enchufables sólo representaban el 8,4% de los vehículos ligeros.
Las normas propuestas significan que los productores y refinadores de petróleo perderían casi 2,75 millones de barriles diarios de demanda de petróleo de aquí a 2040. La EPA se está extralimitando en sus competencias en virtud de la Ley de Aire Limpio al proponer normas de emisiones que sólo podrían cumplirse si los fabricantes de automóviles eliminaran progresivamente los motores de combustión interna en favor de las baterías. “El Congreso nunca ha otorgado a la EPA la autoridad que afirma tener en este caso”, afirma Chet Thompson, presidente de American Fuels and Petrochemical Manufacturers.
Los productores de etanol, los grupos de gasóleo renovable, los minoristas de combustible y otros grupos que pueden salir perdiendo se han unido a la campaña contra la normativa. Estos grupos, junto con los productores de petróleo, firmaron el 11 de julio una carta en la que critican la normativa e instan a Biden a considerar una “gama más amplia” de alternativas para reducir las emisiones de los vehículos, como un mayor uso de combustibles renovables.
La normativa pendiente de la EPA es una parte esencial del objetivo no vinculante de Biden de que los vehículos eléctricos representen la mitad de las ventas de vehículos en Estados Unidos para 2030.
Para apoyar este objetivo, EE.UU. está desplegando 7.500 millones de dólares en fondos de infraestructura para construir una red nacional de cargadores. La reciente ampliación de una desgravación fiscal de hasta 7.500 dólares por vehículo, junto con subvenciones para la fabricación de baterías, pretende acelerar aún más la transición a los EVs. El objetivo de la EPA es finalizar las normas sobre vehículos para marzo de 2024.
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Los fabricantes de automóviles estadounidenses afirman que apoyan el objetivo de Biden, pero que necesitan tiempo para ampliar sus cadenas de suministro, adquirir minerales esenciales para las baterías y construir infraestructuras de recarga. El borrador de la propuesta de la EPA no es “ni razonable ni factible” en el plazo previsto, según la Alianza para la Innovación Automovilística. Los productores de petróleo citan preocupaciones similares, así como el escaso apetito de los consumidores por los vehículos eléctricos. “Esta propuesta es una prohibición de facto que eliminará la competencia”, afirma el presidente del American Petroleum Institute, Mike Sommers.
Aun así, los fabricantes de automóviles están ampliando agresivamente su oferta de EVs y su comercialización a los consumidores.
Y el mercado de minerales críticos se ha duplicado en los últimos cinco años, con un aumento de la inversión del 30% el año pasado y un incremento del 20% en 2021, según la AIE.
Noticia tomada de: Argus Media / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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