El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley para garantizar la rentabilidad de las energías renovables hasta 2032. Pero, se empezó a extender la idea de que esa medida ocultaba una subida del 7,4% en el recibo de la luz y, como es razonable, la polémica no se ha hecho esperar.
Pero, ¿esto es cierto? ¿realmente estamos hablando de una subida del precio de la luz? y, de ser cierto, ¿cómo es posible que una medida tan polémica contara con el apoyo de los principales grupos políticos del Congreso de los Diputados? Esto es un resumen para entender qué hay detrás del nuevo Real Decreto-ley 17/2019.
Un problema que lleva demasiados años encima de la mesa
Durante los años previos a la crisis, las energías renovables recibieron un impulso sin precedentes en España. Convencidos de que eran el futuro, el Gobierno socialista decidió apostar muy fuerte por estas tecnologías. El problema es que la apuesta tenía un precio desproporcionadamente alto.
Cuando estalló la burbuja, se hizo evidente que la apuesta había sido demasiado arriesgada. El Gobierno de Rodríguez Zapatero frenó los planes de desarrollo y el de Rajoy los cortó de raíz. Empezaba en ese momento un conflicto por las “primas de las renovables”.
Las empresas que se vieron afectadas por los recortes denunciaron a España usando los mecanismos de protección internacionales y, casi una década después, los laudos (que así se llaman estos arbitrajes en jerga técnica) han empezado a pintar un panorama complejo para el Gobierno. Antes del verano, España había sido condenada a pagar más de 1.000 millones de euros y había pendientes más de 10.000 millones. Los expertos estimaban que la cifra total no bajaría de los 7.500 si no se conseguía una solución a gusto de todos.
¿Qué intenta el decreto?
Eso es, precisamente, lo que intenta el nuevo Real Decreto Ley. Como explicó la ministra Ribera, la nueva legislación pretende “dar estabilidad” y “recuperar la confianza” entre inversores. Pero sobre todo, crear un mecanismo para cerrar lo que se espera como una oleada de condenas internacionales. Como señaló, para poder acogerse a esa rentabilidad, las empresas implicadas “tendrán que renunciar a los procesos arbitrales que tengan en marcha o renunciar a las indemnizaciones que se les hayan reconocido”.
Y es que España no ha pagado aún ni un euro como resultado de esos laudos desfavorables. No sólo sigue “ejerciendo su derecho a la defensa”, sino que ya ha anunciado que peleará cada resquicio legal que haya para dilatar el proceso sine die. De esta forma, el mensaje a las empresas es claro: acogerse a este nuevo esquema les dará una menor rentabilidad, pero se la asegura a corto plazo.
Es, en términos generales, una medida para ‘incentivar’ la retirada de las denuncias al garantizar unas ganancias menores (hoy) frente a unas ganancias mayores (en el futuro) a las empresas implicadas. Si tiene éxito, el Decreto ahorrará muchos miles de millones de euros al sistema eléctrico español. Por eso, el decreto cuenta con un amplio consenso entre PP y PSOE. Algo que garantiza que, salvo cambio de última hora, sea aprobado en el Congreso dentro de poco.
¿Tendrá éxito? Es algo difícil de saber en este momento. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que no estamos ante una subida indiscriminada de la tarifa de la luz como se está denunciando en los últimos días.
Noticia de: Xataka
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