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La posibilidad de que el sector eléctrico se modifique pesa sobre México

por wetadmin

Una posible reforma constitucional de la electricidad dominará las perspectivas del sector eléctrico de México en 2022, aunque las posibilidades de que se apruebe parecen difíciles.

La sombra de una medida propuesta por la administración que restablecería el dominio del mercado de la compañía eléctrica estatal CFE, limitando la participación del sector privado a un 46%, ha hecho que los inversores se muestren aprensivos ante posibles cortes y aumentos de precios si se aprueba el proyecto de ley.

“Uno de los temas más importantes con los que vamos a empezar el año es la reforma eléctrica, estamos muy preocupados”, dijo Carlos Salazar, presidente del consejo empresarial mexicano CCE.

El sector eléctrico mexicano necesita entre 1.000 y 3.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa para satisfacer el crecimiento medio anual de la demanda de energía, que es de 2,7 puntos porcentuales. Pero la inversión se redujo a sólo 500 millones de dólares en 2019 en medio de la incertidumbre dentro del mercado, dijo previamente Carlos Hernández, vicepresidente de la comisión de energía de la cámara empresarial Coparmex.

La incertidumbre ya está afectando a las licitaciones de proyectos de infraestructura eléctrica, con licitaciones para la construcción de dos plantas de energía de ciclo combinado en la península de Yucatán declaradas nulas en noviembre cuando ninguna de las empresas pre-registradas presentó ofertas. Los grandes proyectos de infraestructura diseñados para suministrar gas natural al sureste, incluido un gasoducto a través del país, también pueden verse afectados en medio de la incertidumbre actual.

A las asociaciones empresariales también les preocupa que la vuelta al dominio del mercado de la CFE provoque un aumento de los costes y cortes de electricidad que frenen el desarrollo económico y hagan a México menos competitivo.

Alrededor de 40.924 MW, o el 48%, de la capacidad instalada en México es operada bajo permisos de generación del sector privado que la reforma afectará, siendo los proyectos de energía renovable los más afectados, han dicho los abogados.

“La realidad va a alcanzar a México, ya que no vamos a ser capaces de satisfacer la creciente demanda de energía si se aprueba esta reforma”, dijo Hernández.

Aunque la CFE tiene capacidad instalada que no despacha bajo las reglas actuales que priorizan la energía más barata, aumentar el despacho de la CFE causaría un aumento en los costos de operación si las costosas y contaminantes plantas de combustóleo, carbón y diésel de la empresa se despliegan con mayor regularidad.

Los costes medios de generación de las centrales eléctricas independientes son un 60 por ciento más bajos que los de la división de generación más costosa de la CFE, con 0,82 pesos/KWh (3,9 céntimos/KWh), según una auditoría gubernamental realizada a finales de 2020.

Si se aprueba, la reforma sofocaría el desarrollo del sector eléctrico este año y ataría al gobierno en un largo y costoso litigio bajo la ley nacional e internacional, incluso bajo el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), han dicho los abogados.

La reforma afectaría a 45GW de capacidad instalada, además de los proyectos en construcción y en espera de ser conectados a la red, mientras que las indemnizaciones para los proyectos de energía renovable por sí solos podrían alcanzar 182 mil millones de pesos o 0,65pc del PIB en 2022, según un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El partido del presidente, Morena, no cuenta con la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la reforma, pero espera atraer el apoyo del partido de la oposición, el PRI.

Los senadores del PRI comenzarán un debate interno sobre la reforma el 17 de enero, invitando a expertos a participar en foros que durarán al menos un mes, mientras que Morena planea lanzar un roadshow de dos meses de duración en el que se expondrán los beneficios de la reforma en los congresos estatales a partir de enero.

Todos los 84 legisladores del PRI tendrían que votar a favor de la reforma para que se apruebe, situación calificada como “improbable”, por un reciente análisis del banco BBVA. Sin embargo, se espera que el debate y la incertidumbre en curso hagan mella en la inversión del sector privado en el próximo año.

 

Noticia tomada de: Argus Media /  Traducción libre del inglés por World Energy Trade 

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