Febrero ha sido un mes marcado por informes explosivos que revelan amplias campañas de lavado verde por parte de la industria de los combustibles fósiles. Mientras se asienta la polvareda de las primeras oleadas de la nueva pandemia de coronavirus, los organismos de control de la investigación están haciendo un balance de qué instituciones hicieron qué promesas para reducir sus huellas de carbono, y cómo se miden sus medidas y planes de acción reales.
Mientras el mundo se apresuraba a establecer un camino hacia una “nueva normalidad” durante la primera ola de Covid-29 en 2020, floreció la esperanza de un futuro mejor y más verde. La inesperada interrupción del statu quo y el impulso hasta entonces imparable de la economía mundial basada en el carbono parecían presentar una oportunidad imperdible para reorientar la trayectoria del mundo, alejándola de la destrucción industrial mutuamente asegurada, hacia una vía más ecológica y limpia en la que los objetivos fijados por el acuerdo climático de París estuvieran al alcance de la mano.
El Foro Económico Mundial argumentó que era la ventana perfecta para un “gran reseteo” del actual sistema capitalista para lograr una cooperación internacional sin precedentes para el desarrollo sostenible en todo el mundo.
Pero cuando los líderes mundiales se reunieron en Escocia para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), esas esperanzas utópicas ya se habían marchitado. Después de tocar fondo en 2020, la demanda de combustibles fósiles se disparó de nuevo a los niveles prepandémicos en el transcurso del año pasado.
De hecho, el carbón no sólo sigue siendo fuerte, sino que ha recibido un impulso de la continua crisis energética.
Y, como revela un reciente informe demoledor de Urgewald y Reclaim Finance, junto con más de dos docenas de otras organizaciones no gubernamentales: los bancos han gastado la friolera de 1,5 billones de dólares en carbón desde 2019. Poniendo de relieve la prevalencia del lavado verde en el sector, el informe nombra a BlackRock y Vanguard, dos instituciones financieras que mantienen el carbón a flote al mismo tiempo que presumen de ser miembros de la Iniciativa de Gestores de Activos Net Zero. “Estas dos instituciones tienen más responsabilidad en la aceleración del cambio climático que cualquier otro inversor institucional en todo el mundo”, afirmó Yann Louvel, analista de políticas de Reclaim Finance, en declaraciones recogidas por la CNBC.
Ahora, la revista PLOS One ha publicado otro estudio condenatorio, pero éste apunta a la industria petrolera. El estudio sobre el lavado verde, que analizó el lenguaje utilizado por las grandes petroleras en los últimos meses y años, descubrió que Chevron, ExxonMobil, BP y Shell utilizaron términos como “clima”, “bajas emisiones de carbono” y “transición” con más frecuencia que nunca en los últimos informes anuales y en las estrategias de descarbonización ampliamente publicitadas. Sin embargo, estas promesas no se han traducido en acciones, ya que estas cuatro empresas siguen dependiendo financieramente de los combustibles fósiles y han contribuido conjuntamente a más del 20% de las emisiones mundiales de carbono desde 1965.
“Concluimos así que la transición hacia modelos empresariales de energía limpia no se está produciendo, ya que la magnitud de las inversiones y las acciones no se corresponde con el discurso”, afirman los autores del estudio, que son investigadores de la Universidad de Tohoku y la Universidad de Kioto (Japón). “Hasta que las acciones y el comportamiento de las inversiones no se alineen con el discurso, las acusaciones de lavado verde parecen fundadas”, continuaron.
Este estudio es sólo una pieza de un reciente diluvio de pruebas reveladoras que llaman la atención a las grandes petroleras.
Cada vez hay más pruebas de que las grandes petroleras son muy conscientes de lo que hay que hacer para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático -lo que queda claro en sus declaraciones al público-, pero simplemente no ponen su dinero donde está su boca.
El año pasado, en una sentencia histórica, un juez del Tribunal de Distrito de La Haya ordenó a Royal Dutch Shell que redujera sus emisiones de CO2 en todo el mundo en un 45% de aquí a 2030 como parte de una “obligación de hacer lo mejor posible”.
En Estados Unidos, un caso judicial en el que se acusa a las grandes petroleras de mentir a sabiendas sobre sus contribuciones al cambio climático se está abriendo paso en el sistema judicial mientras hablamos. Parece que la era del castigo para la industria de los combustibles fósiles acaba de empezar.
Noticia tomada de: OilPrice / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
Te puede interesar:
- China está revendiendo cargamentos de GNL, haciendo bajar los precios del gas
- En Europa llenar el depósito de gasolina cuesta ya 100 euros
- Los gigantes petroleros de América Latina se enfrentan a una serie de retos para mantenerse en pie