La transición global hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles representa uno de los mayores desafíos económicos y ambientales de nuestro tiempo.
A medida que el mundo busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, financiar adecuadamente los proyectos de energía renovable se convierte en un componente crítico.
El mes pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anunció que las naciones más ricas del mundo habían alcanzado por fin el objetivo de 100.000 millones de dólares anuales para el finaciamiento de la transición en 2022.
De hecho, habían «superado materialmente» ese objetivo en más de 15.000 millones de dólares, según la OCDE. Aun así, el objetivo final de movilizar billones en financiación verde durante las próximas dos décadas sigue siendo tan difícil de alcanzar como siempre.
Conocida popularmente como «financiamiento climático», la cantidad de dinero que, según diversas agencias de previsión, necesitamos gastar cada año para abandonar los hidrocarburos y recurrir a fuentes de energía alternativas no es, desde luego, poca cosa.
De hecho, el precio de la transición no ha dejado de aumentar en los últimos años. En otras palabras, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) alcanzó su objetivo anual de financiamiento de la lucha contra el cambio climático de 100.000 millones de dólares, ya no era suficiente para hacer avanzar la agenda de transición según los planes. Y es posible que la factura siga aumentando.
El Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, declaró a principios de este año que el mundo necesitaba encontrar y canalizar 2,4 billones de dólares anuales hacia la transición energética para 2030.
«Está claro que para lograr esta transición necesitamos dinero, y mucho: 2,4 billones de dólares, si no más», dijo entonces. Lo que no estaba claro -y sigue sin estarlo- es de dónde saldría todo ese dinero.
No sólo eso, sino que recientemente se ha sabido que las naciones ricas que supuestamente debían cargar con el peso de todos los países pobres que no podían permitirse gastar miles de millones en subvenciones solares y vehículos eléctricos se habían aprovechado de los mecanismos de financiación climática.
Una investigación del programa de periodismo Big Local News de la Universidad de Stanford reveló que los miembros del G7 de la OCDE habían proporcionado sistemáticamente la llamada financiación climática a los países pobres en forma de préstamos en lugar de subvenciones, con intereses a tipo de mercado en lugar de los intereses de descuento típicos de estos préstamos.
Los préstamos también venían con condiciones: el prestatario tenía que contratar a empresas del país prestamista para los proyectos financiados.
La investigación no causó el revuelo que debería haber causado. Sin embargo, no todo es tan prístino en la financiación de la lucha contra el cambio climático como debería.
Es en este contexto no prístino en el que los países están debatiendo el aumento del objetivo de inversión en financiación climática antes de la próxima conferencia de las partes, prevista para noviembre, porque el costo de la transición también ha ido en aumento.
Según un reciente resumen de Reuters sobre la situación actual, los países árabes han sugerido un objetivo de inversión anual de 1,1 billones de dólares, de los cuales 441.000 millones procederían de los países desarrollados. La sugerencia de más de 1 billón de dólares en inversiones anuales también cuenta con el apoyo de India y los países africanos.
Tiene sentido que los beneficiarios potenciales de ese billón de dólares anuales apoyen la idea. Tiene menos sentido que los posibles proveedores de ese billón firmen el plan, porque no andan precisamente sobrados de efectivo.
En estos momentos no hay ningún país del G7 que no esté atravesando dificultades financieras. Desde la deuda galopante de Estados Unidos hasta el crecimiento inexistente del PIB de Alemania, pasando por el déficit presupuestario de Japón, el G7 no va bien. Sin embargo, se espera que sea el G7 el que cargue con la mayor parte del peso de la financiación climática.
Aun así, Estados Unidos y la UE ya han acordado que necesitan movilizar más de 100 billones de dólares anuales para que la transición tenga alguna posibilidad de llevarse a cabo. El «cómo» sigue siendo la cuestión del millón, o más bien del billón de dólares.
Públicamente, los líderes del G7 han hablado mucho de más financiación privada. Es necesario que esta financiación fluya hacia los proyectos de transición para complementar las políticas gubernamentales destinadas a hacer que estos flujos sean rentables para los inversores.
No obstante, los gobiernos que prestan apoyo no son omnipotentes y no han podido garantizar esa rentabilidad, lo que hace que los inversores se muestren reacios a entrar de lleno en la transición para aportar esos miles de millones necesarios en financiación climática.
Los vehículos eléctricos son un buen ejemplo. La Unión Europea ha hecho todo lo posible para fomentar su adopción: incentivos fiscales para los compradores, impuestos punitivos para los propietarios de automóviles con motor de combustión interna y un derroche en infraestructuras de recarga.
Sin embargo, a medida que los gobiernos nacionales empiezan a retirar progresivamente las subvenciones a los vehículos eléctricos, las ventas se desploman y nada de lo anterior importa. La UE se ha quedado sin opciones si no quiere hacer obligatorios los vehículos eléctricos.
Así como los EVs, la energía solar y eólica en Estados Unidos también son ejemplos. La capacidad instalada en todo el país aumenta rápidamente, pero también lo hace la oposición a estas instalaciones por parte de las comunidades locales.
En febrero, USA Today informaba de una encuesta según la cual el 15% de los condados de Estados Unidos habían logrado detener la construcción de proyectos eólicos y solares a gran escala.
Aunque el informe describía la tendencia como negativa, esas comunidades suelen tener razones bastante sólidas para oponerse, como la destrucción del medio ambiente o problemas de fiabilidad del suministro energético.
De acuerdo al ente al responsable del clima de la ONU, el mundo necesita gastar 2,4 billones de dólares anuales para evitar que la temperatura media mundial aumente más de 1,5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial de aquí a 2050.
Si hemos de creer a BloombergNEF, el precio de la transición ha aumentado un 19% o 34 billones de dólares con respecto a las estimaciones anteriores. Cómo encontrarán ese dinero los responsables y cómo se distribuirá sigue siendo un misterio sin solución a la vista.
