Con el cierre programado de las centrales nucleares en España, las que aún siguen operativas deberán pagar a Enresa 4.000 millones de euros correspondientes a los gastos de desguace de las instalaciones, proceso que se extenderá hasta el 2070. Costo que deberán asumir las plantas pertenecientes a las empresas Iberdrola, Naturgy y Endesa activas aún.
La empresa estatal que gestiona los residuos nucleares, encargada además del cierre y desmantelamiento de las instalaciones atómicas, carece del dinero suficiente para llevar adelante la medida por lo que el gobierno deberá decidir si además de cobrarle a las empresas antes mencionadas se les cobrará también a los usuarios.
De contribuir los usuarios, deberán cancelar otros mil millones adicionales para hacer un total de 5.000 millones de euros, según se refleja en el informe de la sociedad estatal Enresa publicado hace algunos días y al que hace referencia el diario Expansión en su portal.
Los resultados publicados en plenas vacaciones, fueron trabajados juntos a los datos adicionales extraídos del último informe del Tribunal de Cuentas que también salió a la luz durante este verano. En el que además sale a relucir el agujero multimillonario que existe para poder llevar a cabo el desguace de las centrales atómicas en España.
Según los resultados publicados por Enresa, además del desguace que se fija en 14.113 millones de euros, deben tomarse en cuenta otros costos para el tratamiento de los residuos como los 10.697 millones de euros para la gestión de residuos.
Antes del verano las empresas y el gobierno habían establecido como fecha de cierre entre el 2027 y 2035 en su llamado pacto nuclear, quedando sólo por establecer el monto exacto para el desguace y las cuotas extras a cancelar el cual queda claro con el informe publicado recientemente por Enresa. Pero lo que no quedó establecido fue el monto de las cuotas extras y si los usuarios deberán cancelar algo.
Enresa podía fijar a las compañías una nueva tasa para cubrir el desguace, según el acuerdo firmado en primavera entre las partes involucradas, pero se establecía claramente que no debería exceder del 20 % y tampoco se tomó en cuanta como sería el impacto de la factura en el usuario.
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