El gobierno de Biden presentó el pasado miércoles nuevas restricciones a la contaminación que frustrarían un plan de extracción de oro largamente paralizado cerca de la bahía de Bristol, en Alaska.
De acuerdo con los requisitos propuestos, la Agencia de Protección del Medio Ambiente prohibiría ampliamente a los promotores de la proyectada mina Pebble la eliminación de residuos en las proximidades del emplazamiento, debido a los posibles perjuicios para la próspera pesquería de salmón de la zona, de 2.000 millones de dólares.
La decisión es otro golpe para Pebble Limited Partnership, una filial de Northern Dynasty Minerals Ltd. que lleva años intentando extraer oro, cobre y molibdeno de una zona del suroeste de Alaska que desemboca en la bahía de Bristol.
Representa una victoria para los activistas medioambientales y los nativos de Alaska que dicen que las operaciones mineras industriales amenazan una cuenca prístina.
“La bahía de Bristol y los miles de personas que dependen de ella merecen el máximo nivel de protección”, declaró el administrador de la región 10 de la EPA, Casey Sixkiller, en un comunicado de prensa.
“Dos décadas de estudios científicos nos demuestran que la explotación del yacimiento de Pebble causaría un daño permanente a un ecosistema que sustenta una potencia económica renovable y ha sostenido culturas pesqueras desde tiempos inmemoriales”.
La medida de la EPA revive y actualiza las restricciones propuestas en su día por el ex presidente Barack Obama, para consternación de los partidarios de la mina Pebble, que las consideran un veto preventivo al proyecto. La agencia aceptará ahora los comentarios del público sobre su plan.
Como parte de un acuerdo judicial en 2017, la EPA acordó considerar la retirada de las restricciones de la era Obama, y dos años más tarde, la administración Trump retiró los controles propuestos. El año pasado, un juez federal devolvió la cuestión a la EPA para que la reconsiderara.
Los conservacionistas han presionado al gobierno de Biden para que acabe definitivamente con la mina propuesta, esgrimiendo la amplia autoridad de la EPA en virtud de la Ley de Aguas Limpias para vetar proyectos que impliquen el vertido de material de dragado.
Los inversores demandaron a la empresa por separado, alegando que había engañado al público sobre el tamaño de la mina.
Noticia tomada de: MINING / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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