La petrolera francesa Perenco, con sede en Londres y París, presento la semana pasada una solicitud de ejecución en un tribunal estadounidense del laudo del arbitraje, mientras que Ecuador presentó una anulación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ambas medidas en torno al Arbitraje Internacional en el caso Perenco del 27 de septiembre del 2019.
Esta situación parte desde el 2008 cuando Perenco Ecuador Limited solicitará un arbitraje en contra de la República del Ecuador y la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador ante el CIADI reclamando 1.423 millones de dólares. Y en el cual el Gobierno debería pagar $ 411 millones a Perenco por haber violado el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito en Francia, caso registrado Ciadi Nº ARB/08/6, durante el gobierno anterior.
Los costos de los procedimientos por este laudo deben ser resarcidos por ambas partes, según el Tribunal que conoció el arbitraje internacional planteado por la compañía petrolera, el cual anunció la semana pasada que se deberá cancelarse a Ecuador más de 60 millones de dólares por el reclamo medioambiental producido por los daños ocasionados en los bloques petroleros que deberá cancelar Perenco, por su parte el gobierno debe hacer una indemnización a la compañía de 471 millones de dólares. Según el gobierno de Ecuador el Tribunal Arbitral se ha extralimitado en sus facultados y se han quebrantado las normas procesales
Según la Procuraduría ecuatoriana, en un comunicado publicado en su web “existen las razones suficientes, al amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) que justifican la solicitud de anulación.”
Raíz de la controversia
Perenco presta servicio a más de 16 países en el mundo, participando en operaciones de alta mar y en tierra y sus diferencias con el gobierno ecuatoriano se iniciaron por las diferencias surgidas entre ambas partes en relación a dos contratos de participación realizados en el 2002.
En 2008 se inició el arbitraje, cuando el gobierno adoptó la Ley 42 del 2006 que establecía una participación mínima del 50 % del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, los cuales fueron posteriormente incrementados a 99 % con el Decreto 662 modificando la participación de Perenco en los contratos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica, la cual implicó además que se modificará el Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Bloque 7 de la misma región y que incluía además en Contrato del Campo Unificado Coca-Payamino.
Te puede interesar: Ecuador busca inversión privada para construcción de refinería
