La prohibición perjudicaría a la economía de EEUU y socavaría los esfuerzos para abastecer a los aliados en Europa con suministro constante de GNL.
Dieciséis estados liderados por republicanos presentaron el jueves una demanda para impugnar la prohibición del Gobierno federal de aprobar solicitudes de exportación de gas natural licuado (GNL), alegando que el Gobierno federal carece de autoridad para denegar ampliamente esos permisos.
Los demandantes, todos ellos liderados por republicanos, entre los que se encuentran Texas y Luisiana, así como Florida, alegan que la suspensión de nuevos permisos de exportación de GNL afectaría negativamente a la economía estadounidense e interferiría en el suministro de gas a los aliados en Europa que intentan abandonar el gas ruso.
La demanda fue presentada en el tribunal federal de Lake Charles, Luisiana, por los fiscales generales republicanos de una coalición de estados como Texas, Luisiana y Florida que afirman que la pausa del Departamento de Energía estadounidense (DOE) en las exportaciones perjudicará a la economía del país y socavará los esfuerzos para abastecer a los aliados extranjeros en Europa con un suministro constante de GNL, ya que la región trata de destetarse de gas por tubería de Rusia.
Los estados dijeron que la pausa en las nuevas aprobaciones para las exportaciones de GNL sobrepasa la autoridad del DOE en virtud de la Ley de Gas Natural, que según ellos requiere que la agencia demuestre afirmativamente que los proyectos son incompatibles con el interés público antes de denegar las solicitudes.
Los estados también argumentaron que la decisión de detener la concesión de permisos pone en peligro miles de millones de dólares en inversiones.
«La prohibición alejará de Texas miles de millones de dólares en inversiones, obstaculizará nuestra capacidad de maximizar los ingresos para las escuelas públicas, obligará a los productores de Texas a quemar el exceso de gas natural en lugar de llevarlo al mercado y aniquilará puestos de trabajo críticos», dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, dijo que la pausa en los permisos de GNL «perturbaría el desarrollo y la producción de gas natural y no nos da otra opción que recurrir a los tribunales para hacer cumplir la ley».
La última revisión de EEUU de proyectos de exportación de GNL fue en 2018, cuando la capacidad de exportación era de 4 mil millones de pies cúbicos por día. Desde entonces, la capacidad se ha triplicado y está previsto que se dispare para 2030 con los proyectos en construcción.
El presidente Biden efectuó lo que la Casa Blanca denominó una pausa en los nuevos permisos de capacidad de exportación de GNL a finales de enero bajo la presión de los activistas climáticos.
Éstos alegaban que el GNL es aún peor para el medio ambiente que el carbón y que cualquier nueva capacidad de exportación agravará lo que consideran una situación ya seria con el clima de la Tierra.
Sin embargo, la noticia de la revisión no tranquilizó a los activistas. Al contrario, el ataque continuó, con llamamientos a poner fin a la industria del GNL por su impacto contaminante en las comunidades costeras de Luisiana, según esas mismas comunidades, y porque es malo para el clima mundial, según otros activistas, entre ellos tanto el autor del estudio como varias destacadas organizaciones ecologistas.
La industria energética, por su parte, puso el grito en el cielo: siete organizaciones, encabezadas por el Instituto Americano del Petróleo, presentaron una petición ante el Departamento de Energía en la que afirmaban que la suspensión del permiso infringía el mandato del departamento de permitir la ampliación de la capacidad en ausencia de pruebas claras de que ello iría en contra del interés público.
